Renegotiation of NAFTA: An opportunity for sustainable development / La renegociación del TLCAN: una oportunidad para el desarrollo sostenible

Ver texto en español más abajo

The proposal to renegotiate the North American Free Trade Agreement (NAFTA) represents an opportunity to update the vision that prevailed within it: that the invisible hand of the market would solve underdevelopment and, therefore, the environmental and labour problems of North America.The Sustainable Development Agenda 2030, adopted in 2015, is an important advance on this vision, since it includes environmental, social and economic aspects as integral parts of development, making it sustainable.

It should be recalled that, in NAFTA, environmental and labour matters were introduced through parallel agreements and not as integral parts of the treaty, as happens in trade agreements subsequent to NAFTA. As a condition for the latter to be approved by Congress, those agreements introduced a model based on dispute resolution and sanctions, despite the fact that the word “cooperation” was used in their names. The ultimate goal of such mechanisms as citizen petitions was to prevent the “possible” non-application of environmental legislation, principally in Mexico, becoming a magnet for foreign investment and consequently weakening environmental and labour standards in the United States and Canada. Although the effectiveness of these mechanisms has been questioned, the hypothesis that Mexico would attract investments due to having less robust environmental standards has not been confirmed.

Since 1992, Mexico has made significant progress in the development of its environmental institutional framework, having created the Secretariat of Environment and Natural Resources, the Federal Environmental Protection Agency and other agencies in the environment sector, largely as a result of negotiating NAFTA. Today, Mexico has robust environmental legislation; for example, it is one of the few countries in the world with a General Law on Climate Change.

Nonetheless, these advances have not prevented a degradation of the environment and natural resources associated with economic growth in Mexico, a cost that is calculated at 7 per cent of annual Gross Domestic Product. Some critics point out that, by boosting the expansion of fruit and vegetable production for export, NAFTA has led to an excessive use of water, fertilizers and other chemicals in agriculture, as well as deforestation. Clearly, trade liberalization is just one of many other factors, including subsidies, the lack of a price for water and the absence of support for sustainable agriculture, that have a possibly greater impact on the deterioration of natural resources. One could say the same about the environmental impact of the expansion of trade in fossil fuels and other products, such as motor vehicles and electronics, in North America. But in the last instance, the cause of this environmental impact is rooted in the North American countries’ development models and not in the trade agreement per se.

Perhaps one of the most obvious areas to insert a vision into NAFTA—that is not solely focused on economic interests but that also includes environmental ones—is the investor­–state dispute mechanism in Chapter 11 of the treaty. Through this mechanism, companies can bring proceedings against the states of the three countries in tribunals with supranational powers if the actions of these states amount to expropriations of the investment in question. It has been successfully used on nine occasions against Canada and seven against Mexico, for sums amounting to $170 million and $240 million, respectively. While these are small amounts compared to the universe of foreign direct investment in these countries, many of the cases were related to suits that understood certain environmental regulations as de facto expropriations.

It is surprising that the Commission for Environmental Cooperation, the only trinational institution created with NAFTA, should have played a rather marginal role in these cases. With renegotiation of the treaty, an opportunity arises to give it an important role both in promoting an agenda of environmental cooperation in North America and in articulating a vision of development that takes the Sustainable Development Goals as its guide.

Isabel Studer is the Executive Director for Mexico and Northern Central America, The Nature Conservancy. The opinions expressed in this note are the writer’s own and do not represent the positions of The Nature Conservancy.

La propuesta de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) representa una oportunidad para actualizar la visión que prevaleció en dicho tratado de que la mano invisible del mercado resolvería el subdesarrollo y por lo tanto los problemas ambientales y laborales en América del Norte.

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, adoptada en 2015, significa un avance importante respecto de dicha visión, ya que entiende los aspectos ambientales, sociales y económicos como una parte integral del desarrollo, haciéndolo sostenible.

Habrá que recordar que en el TLCAN los asuntos ambientales y laborales se introdujeron mediante acuerdos paralelos y no como una parte integral del tratado, como sucede en acuerdos comerciales posteriores al TLCAN. Siendo una condición para que este último fuera aprobado en el Congreso, dichos acuerdos introdujeron un modelo basado en la resolución de disputas y en las sanciones, a pesar de que en sus nombres figurara la palabra cooperación. El objetivo último de mecanismos como las peticiones ciudadanas era impedir que la “posible” no aplicación de la legislación ambiental, sobre todo en México, se convirtiera en un imán a la inversión extranjera y, como consecuencia, en un debilitamiento de los estándares ambientales y laborales en Estados Unidos y en Canadá. Aunque la efectividad de estos mecanismos ha sido cuestionada, tampoco se ha comprobado la hipótesis de que México atraería inversiones por la existencia de estándares ambientales menos robustos.

Desde 1992, México ha avanzado significativamente en el desarrollo del marco institucional ambiental, habiéndose creado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otras agencias del sector ambiental, en gran parte como resultado de la negociación del TLCAN. Hoy México tiene una legislación ambiental sólida, siendo, por ejemplo, uno de los pocos países en el mundo que cuenta con una Ley General de Cambio Climático.

Estos avances sin embargo no han impedido la degradación ambiental y de los recursos naturales asociados al crecimiento económico en México, costo que se calcula en un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Algunos críticos señalan que, al impulsar la expansión de la producción de frutas y hortalizas para la exportación, el TLCAN ha provocado tanto un uso excesivo del agua, de fertilizantes y otros químicos en la agricultura como la deforestación. Es evidente que la liberalización comercial es solo uno de muchos otros factores, como son los subsidios, la falta de un precio al agua y la ausencia de apoyos a la agricultura sostenible que inciden, quizá en mayor medida, en el deterioro de los recursos naturales. Lo mismo puede decirse del impacto ambiental de la expansión del comercio de energías fósiles y de otros productos, como los automotores y los electrónicos, en América del Norte. Pero la causa de dicho impacto ambiental se encuentra en última instancia en el modelo de desarrollo seguido por los tres países de América del Norte y no en el acuerdo comercial per se.

Quizá una de las áreas más evidentes para insertar una visión que no solo privilegie los intereses económicos e integre también los ambientales en el TLCAN es el mecanismo de disputa inversionista-Estado del capítulo 11 del tratado. Este mecanismo, mediante el cuál las empresas pueden demandar a los Estados de los tres países en tribunales con facultades supranacionales si las acciones de estos Estados equivalen a expropiaciones de la inversión en cuestión, ha sido exitoso 9 veces contra Canadá y 7, contra México por montos que ascienden a $170 y a $240 millones de dólares, respectivamente. Si bien estas cifras son pequeñas si se comparan con el universo de la Inversión Extranjera Directa en estos países, muchos de los casos han estado vinculados con demandas que entienden ciertas regulaciones ambientales como expropiaciones de facto.

Sorprende que la Comisión de Cooperación Ambiental, la única institución trinacional creada con el TLCAN, haya tenido un papel más bien marginal en estos asuntos. Con la renegociación del tratado, surge la oportunidad de darle un papel importante tanto en la promoción de una agenda de cooperación ambiental en América del Norte como en la articulación de un visión de desarrollo que tome como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Isabel Studer es Directora Ejecutiva para México y el Norte de Centroamérica, The Nature Conservancy. Las opiniones vertidas en esta nota son propias y no representan las posiciones de The Nature Conservancy.